El próximo miércoles 29 de este mes de mayo, el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conocerá la solicitud de un criterio de oportunidad que solicitó la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) a favor de seis testigos del caso Calamar y una empresa para los que renunció de la acción penal.

En base a los acuerdos, los cuales deberán ser homologados por la jueza, la Pepca argumenta que Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie, Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa es Grupo Dibefe, S.R.L , “han resarcido el daño causado al Estado dominicano mediante la devolución de los fondos sustraídos” en su participación en la red que desfalcó al erario.

Asimismo, han explicado el modus operandi de toda la trama y en la que se imputa a más de 40 personas físicas y jurídicas, entre ellos los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el exministro Administrativo, José Ramón Peralta y al exsenador de Azua, Rafael Calderón.

En ese sentido, el órgano persecutor solicitó homologar y autorizar el criterio de oportunidad, el cual no es más que, tras una negociación con los encartados, se prescinde de la acción penal, pero sí contempla, en este caso, la sanción de indemnización al Estado con la entrega de bienes.

Por esa razón, la Pepca pide a la jueza Altagracia Ramírez Cruz, “declarar el decomiso en favor del Estado dominicano de los bienes muebles e inmuebles entregados de manera voluntaria por cada imputado conforme los criterios individuales” de cada uno.

Los detalles de los bienes entregados se darán a conocer cuando los acuerdos sean aprobados por la magistrada.

Por renunciarse a la acción penal, el titular de la Pepca también hizo la petición de «ordenar el levantamiento de las medidas de coerción en los casos que proceda».