El juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G, que imputa una presunta red de corrupción conformada por policías y militares, avanzó este martes con la presentación de las teorías de defensa por parte de los imputados y en la próxima audiencia toca el turno al Ministerio Público para presentar.

“Ya el Ministerio Público pasó la fase de la presentación de sus imputaciones y las defensas presentaron alegatos de apertura. Para las próximas audiencias inicia la fase de producción de la prueba, donde el Ministerio Público traerá sus primeros testigos conforme al orden, para ya iniciar a la fase dura del proceso”, declaró la coordinadora de Litigación del órgano acusador, Mirna Ortiz.

Ortiz aseguró que mantienen la certeza de obtener sentencias ejemplares contra todos los acusados en el alegado entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.

“En la próxima fase se va a requerir que los testigos expongan y presenten las pruebas documentales. Estamos seguros que vamos a obtener sentencias ejemplares”, reiteró la coordinadora de Litigación.

Wendy Lora, representante legal de los acusados de lavado de activos Julio Camilo de los Santos Viola y su sobrino, Raymel Pastor del Rosario Viola, argumentó que, tras la presentación de las teorías de defensa, destruyeron las imputaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

“De aquí en adelante el Ministerio Público presentará a sus testigos que son cerca de cuatrocientos”, agregó Lora.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el jueves 1 de agosto a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el inicio de la etapa de incorporación de pruebas. El Ministerio Público está listo para presentar a sus primeros testigos y pruebas documentales en el orden que fueron ofertados, con el objetivo de exponer y sustentar los cargos contra todos los encartados en el proceso.

Principales encartados

El presunto entramado societario, liderado por el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, incluye a varios altos oficiales y civiles que supuestamente participaron en diversas actividades ilícitas para sustraer fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) entre los años 2012 y 2020.

Dentro de los imputados además figuran el coronel Rafael Núñez de Aza; el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola; el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el general Juan Carlos Torres Robiou; Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez; y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz. También se acusa a José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.

De qué se les acusa

La acusación detalla que los imputados se desviaron de sus responsabilidades institucionales en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para sustraer dinero de los fondos de inteligencia a través de numerosas maniobras fraudulentas. También desviaron recursos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

También que los acusados de rangos superiores acumularon patrimonios millonarios con el dinero sustraído del erario, perjudicando la calidad de vida de miles de oficiales subalternos y alistados, quienes vieron su poder adquisitivo reducido y su situación económica empeorada debido a salarios que no reflejaban la realidad de sus funciones ni el riesgo que implica trabajar en los organismos castrenses, mientras sus superiores llevaban vidas de lujo.

Con el dinero sustraído, varios de los acusados adquirieron lujosos apartamentos, vehículos de alta gama, fincas, residencias, objetos de lujo, sociedades comerciales y otros bienes. Estas acciones constituyen delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, desfalco, violación a la ley de declaración jurada y lavado de activos, entre otros, según la acusación.

Las propiedades millonarias adquiridas por los acusados ascienden a más de RD$4,500 millones, reflejando el impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las instituciones afectadas.