Algunas familias que fueron estafadas por la red de Operación Calamar incidentaron la audiencia de este jueves sobre el criterio de oportunidad a varios empresarios alegando que no han sido notificadas y que se les deja fuera como víctimas para una reparación por daños y perjuicio.

Los abogados que representan a los clanes que afirman los excluyen para una indemnización, dicen que el Ministerio Público entiende que la víctima en la estafa de los terrenos declarados de utilidad pública es únicamente el Estado.

La audiencia para conocer y homologar los acuerdos, en los que el órgano persecutor desiste de la acción penal contra vinculados en el caso Calamar, fue aplazada por el Cuarto Juzgado de Instrucción para el 22 de agosto.

Pablo Castillo, Martín Rubiera y José Javier Bidó, abogados de la familia Mota, explicaron que el Ministerio Público les ha dicho que cobrarán la indemnización durante el proceso del caso completo contra los exfuncionarios acusados de la estafa.

“La ley establece que para hacer un criterio de oportunidad a la víctima hay que indemnizarla”, aclaró Castillo.

También los sucesores del Italiano Alessandro de Paola Sangiovanni, cuya propiedad en Higüey fue vendida por abogados de manera irregular al Estado, notificaron un acto de oposición para que no se efectúe la indemnización por el criterio de oportunidad a la Procuraduría.

Según la acusación de Calamar, De Paola Sangiovanni, quien llegó al país en los años 40, dejó a su muerte unos terrenos de 15,893,345 metros cuadrados, propiedad que fue vendida al Estado por más de 4 mil millones de pesos con “maniobras fraudulentas” por los hermanos Ana Linda y Emir Fernández De Paola, acusados en el expediente.

A los seis vinculados en la trama a los que se les solicitó dejarlo fuera de la acción penal, devolverán más de 2,000 millones de pesos luego de un acuerdo con el órgano persecutor. Estos son los empresarios Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie y José Arturo Ureña. También el exdirector de la Oisoe, Víctor Matías Encarnación Montero, Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.

Te puede interesar

Dinero y delación a cambio de libertad, acuerdo de implicados en caso Calamar con MP

Abogada de Gonzalo dice empresarios “se van con RD$7,615 millones” del Estado tras acuerdo con el MP

Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo devuelven al Estado casi RD$2,000 millones

Una familia que no fue notificada y que tampoco no ha tenido acceso a las negociaciones del Ministerio Público es la Reyes Ubén, según el abogado Francisco García.

García indicó que la lista de querellantes es grande y que es probable que el Ministerio Público, “sin obrar de mala fe” no ha notificado algunos de ellos. Sostuvo que son alrededor de ocho familias y que solo la Gatón, la que menos miembros posee está conformada por nueve.

Se reunirán para afinar consensuar indemnización

El abogado Francisco García, que representa a los Gatón, sostuvo que varias querellantes se reunirán hoy con la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) para unificar sus peticiones y llegar a la próxima audiencia ya con una solicitud consensuada.

La reunión la harán con la Pepca por instrucción de la jueza Altagracia Ramírez.