El Ministerio Público presentó este martes otros tres testigos contra los policías y militares acusados en el supuesto entramado de corrupción que estafó al Estado con más de RD$4,500 millones, desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.

Durante el juicio de fondo, el órgano acusador presentó a los fiscales Elvira Rodríguez y Andrés Octavio Mena, con quienes incorporaron las actuaciones procesales relacionadas a un allanamiento realizado a una vivienda del mayor Raúl Alejandro Girón, en la que incautaron dispositivos electrónicos, tales como discos duros, varios CPU, computadoras y una memoria USB.

Los aparatos contenían informaciones relacionadas a las nóminas del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR), de acuerdo a lo declarado.

El mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, también acusado en la alegada red, ha sido el testigo clave del Ministerio Público en los casos Coral y Coral 5G.

Estos dispositivos fueron admitidos como prueba ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Posteriormente, durante el interrogatorio al perito Luis Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se incorporaron los informes periciales de la extracción de datos realizada en los dispositivos electrónicos.

La audiencia fue recesada hasta el próximo martes 8 de octubre, a las 9:00 de la mañana.

Revelaciones de otros testigos

Desviación de fondos, la inexistencia de nómina física y de personas que cobraban sin prestar servicios en el Cusep, fueron parte del informe pericial presentado el pasado 26 de septiembre por la perito de la Cámara de Cuentas, Ledy Paulino, quien fungió como testigo en la continuación del juicio de fondo.

Paulino participó en una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Cusep en la gestión 2012-2020, principalmente en los gobiernos encabezados por expresidente Danilo Medina, y cuyo responsable de la institución castrense era el principal implicado en la alegada trama, Adán Cáceres.

El pasado 6 de agosto, Francisca Javier Santos, auditora de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló supuestas irregularidades halladas en la nómina y el departamento de compras del Cestur, que dirigía el encartado general de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou, quien es vinculado al presunto caso de corrupción administrativa operación Coral.

Las «irregularidades» señaladas por la funcionaria de la Cámara de Cuentas giraban en torno a la compra de raciones alimenticias sin soporte de los pagos.

Los imputados

El general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), es señalado como uno de los principales cabecillas del entramado.

El general de brigada de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Es señalado como cabecilla de Coral 5G.

El coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep. Es presentado por el Ministerio Público como el brazo operativo del alegado entramado de corrupción.

El general de brigada de la Fuerza Aérea, Julio C. de los Santos Viola, que ocupó el cargo de jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina cuando Adán Cáceres fue arrestado en el 2021. El Ministerio Público lo acusa de comprar 11 inmuebles, cuatro de ellos a su nombre.

Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, asimilada de la Policía Nacional, conocida como la pastora Rossy, vinculada al caso por supuestamente crear junto a Cáceres empresas fantasmas y organizaciones no gubernamentales y religiosas para lavar los fondos distraídos de las instituciones públicas.

Tanner Antonio Flete es cabo de la Policía Nacional e hijo de la pastora Rossy. Según el expediente actuó como presta nombre del supuesto entramado para blanquear capitales.

General de Brigada del Ejército Boanerges Reyes Batista. Fue subjefe del Cusep hasta el 2014.

Capitán de la Armada, Franklin Antonio Mata Flores. Exdirector de Operaciones de Avanzada.

Coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Augusto Lantigua Cruz. Fue ayudante del director y encargado de raciones del Cestur.

Alejandro José Montero Cruz, sargento de la Armada.

Coronel de la Fuerza Aérea Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara. Fungió como encargado de Recursos Humanos del Cestur durante el período 2014-2020.

Coronel de la Fuerza Aérea, Miguel Ventura Pichardo. Fue encargado de la División de Inteligencia.

Erasmo Roger Pérez Núñez, teniente coronel de la Fuerza Aérea asignado al Cusep.

Teniente coronel del Ejército, Kelman Santana Martínez. Fungía como el asistente personal de Adán Cáceres.

Mayor de la Policía Nacional, José Manuel Rosario Pirón. Fue encargado de Tesorería en el Cusep.

Primera teniente de la Fuerza Aérea, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez. Era sub encargada de Auditoría en el Cestur.

César Félix Ramos Ovalle, propietario de la estación de combustible La Marina. Está encartado por supuestamente simular un falso suministro de combustibles a la red. Contra él no pesa la acusación de asociación de malhechores ni testaferrato.

Esmeralda Ortega Polanco, exgerente de Banreservas. De acuerdo al expediente, facilitaba el 90 % de las operaciones financieras en la entidad bancaria a los miembros del supuesto entramado y era para la red, supuestamente, una especie de asistente financiera de Núñez de Aza.

Elida María Trinidad Santiago, suegra del general de los Santos Viola. Acusada de testaferrato.

Manuel de Jesús Alba Solano, suegro del general de los Santos Viola. Acusado de testaferrato.

Epifanio Peña Lebrón, general pensionado del Ejército. Fungió como consultor jurídico del Cusep, durante la gestión del coimputado Adán Cáceres Silvestre.

Erick Daniel Pereira, sobrino del coronel Rafael Núñez de Aza.

Lucía de los Santos Viola, hermana del general de los Santos Viola. Señalada como una de las presta nombre del entramado.

Onoris Soto de los Santos, sobrina del coimputado de los Santos.

El capitán Pedro Castillo Nolasco.

Santiago Antonio Suárez Peguero, cuñado de Adán Cáceres.

Raymel Pastor del Rosario Viola, sobrino y testaferro del general de los Santos Viola, según el Ministerio Público.

Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también acusada en este caso de testaferrato, principalmente.