Tribunal Constitucional ha fallado 976 expedientes en lo que va de año

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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, informó que en los últimos 10 meses del año esa alta corte ha fallado 976 expedientes.

Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fueron relativos a derechos fundamentales.

El magistrado aseguró que los togados del TC han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.

 

“Estamos comprometidos a cumplir fielmente con el mandato establecido en el artículo 184 de la Constitución que nos encomienda garantizar la supremacía del tema de los derechos constitucionales, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales” Napoleón Estévez Lavandier Presidente del TC

En ocasión del 180 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, el TC realizó una audiencia solemne en la que, por primera vez, cada magistrado habló a la ciudadanía sobre los derechos fundamentales consagrados en la Carta Sustantiva.

Mensajes de los jueces

El magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al derecho al medio ambiente, establecido en el artículo 67, indicando que el ejercicio del mismo va de la mano con la sostenibilidad, la restauración y la preservación.

Por otro lado, Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta, habló sobre el derecho a la libertad de expresión e información, consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna, el que calificó como pilar de la democracia.

El magistrado Domingo Gil hizo referencia al derecho al trabajo, establecido en el artículo 62 de la Constitución, e indicó que, junto al Código de Trabajo, reconoce un conjunto de derechos mínimos vitales “que han conquistado los trabajadores, hombres y mujeres, durante más de dos siglos de lucha incesante de lágrimas, sudor y sangre”.

En otra línea, el juez Fidias F. Aristy Payano se refirió al artículo 37, sobre el derecho a la vida. Dijo que el TC garantiza su permanencia rechazando toda manifestación que tienda a establecer la pena de muerte o cualquiera otra forma que esté dirigida a restringir “el derecho más preciado del que gozan todas las personas”.

El derecho a la propiedad fue tratado por el magistrado José Alejandro Ayuso, quien enfatizó que este derecho, establecido en el artículo 51 de la Constitución, desempeña un rol clave en el desarrollo económico y social de la nación.

La jueza Alba Luisa Beard Marcos expuso sobre el derecho a la intimidad y el honor personal, que se encuentra consagrado en el artículo 44 de la norma suprema, y afirmó que corresponde a todos los poderes públicos su protección.

El juez Manuel Ulises Bonnelly Vega se refirió al derecho a la igualdad, dispuesto en el artículo 39 de la carta magna y precisó que la alta corte ha sido enfática en la protección de esta facultad.

De su lado, la magistrada Sonia Díaz Inoa hizo énfasis en el derecho a la salud, establecido en el artículo 61 de la Constitución, sobre el cual afirmó que la plena realización del mismo es una de las tareas esenciales de los Estados sociales y democráticos de derecho.

La togada Army Ferreira trató el derecho a la libertad y seguridad personal, consagrado en el artículo 40 de la Constitución, del cual afirmó que es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

El magistrado Amaury Reyes Torres indicó que el derecho al libre desarrollo a la personalidad, establecido en el artículo 43, constituye, junto a la dignidad e igualdad, uno de los pilares fundamentales en una democracia republicana como es la República Dominicana, “donde todos somos individuos libres e iguales, sujetos a igual consideración y respeto”.

Al dirigirse a los presentes, la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera se refirió al artículo 55 de la Constitución, que consagra los derechos de la familia.

Asimismo, el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se pronunció sobre el derecho a la protección de los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, con discapacidad y menores de edad, establecidos en los artículos 56 y 57 de la Constitución, y afirmó que este Tribunal Constitucional es un verdadero guardián de los derechos fundamentales de todas las personas.

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