Recesan audiencia de apelación contra exdirector de Intrant
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional recesó hasta las 3:00 de la tarde de este lunes la audiencia en la que se evalúa el recurso de apelación contra la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y al empresario Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam.
Los imputados enfrentan cargos por un supuesto contrato fraudulento de 1,317 millones de pesos destinado a la instalación de la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
Durante la mañana, los abogados defensores de Beras y Padovani Báez presentaron sus argumentos apelando la medida.
La abogada de Beras, Laura Acosta, informó sobre la pausa señalando: “Se hizo un receso para almorzar y a las 3:00 de la tarde volvemos, continúa la defensa de José Ángel Gómez, luego le darán la palabra al Ministerio Público”.
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La defensa de Beras solicitó la revocación de la medida de prisión preventiva, argumentando que la decisión inicial no se fundamenta jurídicamente y se basa únicamente en el hecho de que Beras ocupaba un cargo público, lo cual, según la jurista, no justifica el supuesto riesgo de fuga.
“Eso no tiene absolutamente ninguna fundamentación en derecho, repite y reitera las argumentaciones del Ministerio Público sin dar argumentaciones propias y no establece por qué hay peligro de fuga”, criticó Acosta, añadiendo que la prisión preventiva en estos casos se está convirtiendo en “un paso siguiente”, cuestionando así la actuación de la justicia local.
Otras medidas de coerción
Además de Beras y Gómez, otros exfuncionarios del Intrant han recibido medidas de coerción en relación con el caso.
El pasado 10 de octubre, la jueza Fátima Veloz dictó arresto domiciliario y presentación periódica a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant. Mientras, Frank Díaz Warden; excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras, Juan Francisco Álvarez Carbuccia; director administrativo y financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas, recibieron como medida cautelar una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
El Ministerio Público ha denominado este caso como “Operación Camaleón“, una investigación que consta de más de 300 páginas en las que se documenta una presunta red de corrupción en torno a la licitación para modernizar los semáforos del Gran Santo Domingo.
El contrato de más de 1,317 millones de pesos fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, propiedad de Jochi Gómez. Las investigaciones detallan acusaciones que van desde el uso de documentos falsos hasta enriquecimiento ilícito y desfalco al Estado.
Los allanamientos y arrestos se realizaron en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. El Ministerio Público ha implicado en el caso a las empresas Transcore Latam, Inprosol y Aurix. Esta última es acusada de haber contratado ilegalmente con el Ministerio de Defensa, tomando funciones reservadas a organismos de seguridad y defensa del Estado.
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