Históricamente, la mora judicial ha representado uno de los mayores retos para el sistema, ya que, durante años, los tribunales han experimentado un muy significativo volumen de casos sin resolver, mermando el acceso efectivo a la justicia para miles de ciudadanos.

Después de décadas de reclamos por los entaponamientos y atascos de los departamentos judiciales, el gran gigante que ha afectado a los usuarios del sistema parece que ha comenzado a ceder.

De acuerdo con un informe que el Poder Judicial suministró de manera exclusiva a Diario Libre, el 64 % de las salas se encuentra sin asuntos pendientes de resolución. Esto quiere decir que el retardo judicial en el país pasó de 66,500 a 17,921 casos en los últimos 10 meses.

Según el informe, de enero a octubre de 2024, las salas al día aumentaron de 251 a 438. Esto implica que en este período la mora judicial se redujo aproximadamente en un 73 %. La mayoría de casos que se encuentran a la espera de solución corresponde a asuntos nuevos y asciende a 11,892.

Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial, asegura que la lucha contra la mora es una batalla constante.

“Al cierre de octubre, nuestras estadísticas del sistema de gestión de casos nos indicaban que el 64 % de los tribunales no tenían casos en mora y eso es algo variable, porque al día de hoy entran casos en mora, mañana también, y no es una lucha de una fecha, es algo que se construye día a día”, precisa.

Según estas estadísticas, a inicios del 2024, más de la mitad de las salas del país estaban retrasadas. Sin embargo, ya para octubre, 10 de los 11 departamentos judiciales distribuidos en todo el territorio nacional superaban el 57 % de salas al día y cuatro de ellos estaban por encima del 74 %.

Estos resultados son producto de la iniciativa “Tribunales al Día”, con la que se buscan resolver los asuntos pendientes y estabilizar las operaciones de los tribunales a nivel nacional.

El Poder judicial explica en su informe que la estrategia aplicada para estos fines ha tenido un enfoque integral que contempla las acciones necesarias para la resolución de asuntos, el fortalecimiento de la capacidad operativa a través de acciones de personal, la puesta en operación del Centro de Apoyo a la Operación Jurisdiccional, la formación y capacitación, y el monitoreo y seguimiento continuo a las labores jurisdiccionales.

Santo Domingo es el departamento más moroso

Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial. (MIGUEL CAIRETA)

El departamento judicial que se encuentra con más mora a nivel nacional es el de Santo Domingo, que de 79 salas, solo 28 están puntuales en sus soluciones, lo que representa un retardo del 64 %.

“La provincia de Santo Domingo tiene un reto de infraestructura que incide directamente en sus resultados. Parte de lo que estamos trabajando es en todo el proceso de habilitación del Palacio de Justicia Santo Domingo Este y también implementando las diferentes soluciones”, afirma.

Este departamento judicial es el que más casos recibe a nivel nacional. Concentra los centros industriales más grandes del territorio. En esta demarcación, un tribunal de Trabajo puede recibir aproximadamente cuatro veces la cantidad de asuntos que llegan a otros tribunales de esa categoría en otras provincias, según el jurista.

El servidor señala que, a mediados de este año, se implementó la devolución de documentos en la Cámara Civil, ubicada en el ensanche Ozama. “En ese centro ya te devuelven tus documentos; eso incide en la eficiencia del Tribunal”, añade.

La tecnología es el mayor aliado

La reducción de la mora judicial ha venido muy de la mano con la innovación. A partir del 2020, la justicia dominicana experimentó una transformación tecnológica que ha sido muy beneficiosa para el sistema.

El gerente de Sistemas TIC del Poder Judicial, con sede en el Departamento de La Vega, Ricy Bidó Astacio, asegura que para el 2019 la justicia tenía prácticamente un retraso de alrededor de 20 años a nivel de uso de tecnología para los procesos tanto jurisdiccionales como administrativos.

“Uno de los aspectos importantes y de los problemas que teníamos en ese momento eran los aspectos relacionados con el proceso de digitalización. Todo era manual y en papel. El Poder Judicial se abocó a la automatización de sus procesos jurisdiccionales y administrativos y ahí surgió el famoso Sistema de Gestión de Casos, que es básicamente un sistema de información que automatiza las operaciones del tribunal”, expresa.

El Sistema de Gestión de Casos (SGC) comprende infraestructura tecnológica que estandariza y soporta las distintas tareas que realizan los servidores judiciales, desde la recepción de solicitudes, su digitalización, asignación y calendarización de audiencias, hasta la emisión de la decisión final.

La digitalización de los expedientes es otra de las importantes implementaciones tecnológicas para eficientizar el sistema. Asimismo, el programa de cero papel ha facilitado el trabajo de los jueces y permitido aprovechar más los espacios de los recintos judiciales.

Acorde con los datos del Observatorio del Poder Judicial, desde mediados de julio de 2020 a la fecha se han digitalizado cerca de 400,000 expedientes.

Toribio afirma que el 30 % de los documentos que entran al Poder Judicial se digitaliza en la entrada. “Ya cambiamos la historia de los archivistas por digitalizadores o por oficinistas”, dice.

El Departamento Judicial de La Vega ha contribuido considerablemente en la ejecución de programas digitales, siendo pionero en otros proyectos que se han expandido en todo el territorio nacional como las audiencias virtuales y la interconexión de recintos, estando el último solo disponible en esta jurisdicción.

El 30 de julio de 2022, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, que habilita el uso de la firma digital para jueces y servidores judiciales, la creación y acceso a las partes al expediente judicial electrónico, y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial hace posible.

Recientemente, el Poder Judicial anunció la expansión de la Plataforma Acceso Digital a 50 salas adicionales en material civil y comercial de distintos departamentos judiciales, lo que facilitará el acceso a la justicia de manera ágil, segura y desde cualquier lugar a los usuarios.

El apoyo en tecnologías y el uso de medios digitales ha permitido que la justicia tenga mayor nivel de control de las sentencias y que tenga toda la información de sus actividades en tiempo real.

Las causas y desafíos de la mora

La mora ha sido el problema más atacado por el Poder Judicial dominicano, ya que se trata del principal indicador para evaluar la eficiencia del sistema. Al consultar a varios de los actores del sistema, Diario Libre identificó que entre las causas principales están: la falta de personal judicial, insuficiencia de jueces y bajo presupuesto.

La República Dominicana es un país con 10.7 millones de habitantes, de acuerdo con los datos del último censo de población. Para dar respuesta a todas las necesidades de justicia, hay solo 739 jueces a nivel nacional.

“El Poder Judicial sigue siendo a nivel presupuestario ‘la Cenicienta’ de los poderes públicos, y más aún con una ley que especializa un porcentaje de recursos que le corresponden que en modo alguno se respeta”, indica el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini.

El presupuesto del Poder Judicial para este año ascendió a los 9,544.3 millones de pesos, de los que la institución ha devengado alrededor 8,105.7 millones de pesos. El artículo 3 de la Ley 194-04 señala que los presupuestos del Poder Judicial y el Ministerio Público serán de por lo menos un 4.10 % de los ingresos internos del Estado, un 65 % para la primera y un 35 % para el segundo.

La presidenta de la Red Nacional de Jueces, Yokaurys Morales Castillo, señala que los empleados del Poder Judicial tienen alrededor de 10 años sin percibir un ajuste salarial para nivelar los efectos de la inflación en sus remuneraciones.

El presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz, Dante Ozuna Mercedes, subraya la necesidad de modernizar la Ley 821-27, ya que la organización judicial actual puede ser una de las causas de los retardos de los tribunales, considerando la carga laboral de algunos recintos.