Abogados recusan a juezas del caso Cattleya
Tres abogados defensores en el caso que se le sigue a la supuesta red de explotación sexual descubierta mediante la Operación Cattleya, recusaron este miércoles a las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, alegando falta de imparcialidad.
La recusación fue presentada contra las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, la cuales rechazaron un recurso de oposición de los abogados litigantes contra la admisión de pruebas periciales presentadas por el Ministerio Público.
Los togados que interpusieron la recusación alegando que el órgano acusador estaba siendo favorecido por las magistradas son Brayan Humberto Santana Martínez, Domingo Aquino y Bomar Quezada, representantes legales de los imputados María Paula Morillo, Oscar Wilson, José Alberto y la razón social Hotel Oscar Inn.
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Estos abogados argumentaron que la oposición buscaba que el Ministerio Público no presentara unos cinco discos duros, por considerar que estos no estaban validados y no podían ser expuestos en el proceso de audiencia.
La recusación a las juezas deberá en ser evaluada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que deberá decidir si la acoge o la rechaza.
Ministerio Público dice buscan dilatar proceso
El Ministerio Público afirmó que la recusación presentada contra las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional obedece a una vieja táctica dilatoria utilizada por la defensa de la acusada María Paula Murillo Vargas y otros dos imputados en la red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya.
El procurador fiscal Eduardo Velázquez explicó que la recusación se fundamenta en un supuesto alegato de imparcialidad, luego de que el tribunal rechazara un recurso de oposición de la defensa. Dicho recurso buscaba impedir la incorporación de discos duros que contienen fotografías, conversaciones y otros documentos que evidencian la actividad ilícita de explotación sexual y tráfico ilícito de personas.
“En virtud de esa decisión, las defensas recurrieron a la vieja táctica dilatoria de la recusación, con el único propósito de retrasar el proceso, pues saben que la acusación contra cada uno de los imputados es indestructible y que recibirán una condena segura”, señaló Velázquez.
El fiscal agregó que el perito Ogando, autenticó los informes periciales, validando la información contenida en los discos duros. Sin embargo, la defensa intentó sorprender al tribunal alegando que no recibió la notificación de estas pruebas, cuando en realidad fueron debidamente notificadas durante la fase intermedia del proceso.
Ante esta situación, la audiencia fue recesada hasta que la corte decida sobre la solicitud de apartar a las juezas del juicio, el cual se encuentra en su fase final.
La estructura
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al tráfico ilícito de migrantes. Según la acusación, captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres, en su mayoría extranjeras, engañándolas con falsas promesas de empleo en el país. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y, en algunos casos, por lavado de activos, debido a los supuestos beneficios económicos obtenidos de esta actividad ilícita.
Los acusados son José Miguel Michel Gurdis, alias Michel; Daniel Enrique Inirio Abreu; Cristina Virginia González Hernández; Cristina María Castillo Vargas; Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz; José Alberto Soriano Rosario, alias Cirujano; y Dionicio Mieses de la Cruz, alias Dionis. También figuran Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto, alias Ángel; Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee; Braulio Manuel Lugo; Marie Fokina Achille; Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz; Melvin José Valentín Peguero; Zafiro Nataly Sánchez González; Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante, alias Gato.
Asimismo, la acusación involucra a los hoteles Caribe y Oscar, ubicados en el sector Gascue del Distrito Nacional, así como al hotel Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.