El empresario estadounidense Sean Hudson Dwiggins, acusado en el caso de supuesta corrupción Operación Medusa, que tiene como principal imputado al exprocurador general Jean Alain Rodríguez, se declaró culpable de soborno para ser beneficiado con un contrato para suplir equipos de seguridad a tres cárceles incluidas en el mega Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

En un acuerdo que llegó con el Ministerio Público, Hudson Dwiggins y su empresa Smart Logistics, S.R.L, devolverán 500 mil dólares en equipos de seguridad a la Procuraduría General de la República, que a la tasa actual del dólar (RD59.21) son RD$29,500.000.

Se le solicitó un juicio penal abreviado, en el que el Ministerio Público regularmente pide pena suspendida para los que negocian a cambio de la devuelta de dinero y bienes de muebles e inmuebles.

Otras dos empresas que arribaron a negociaciones con el órgano acusador son Aerointegral, S.S.A, DE CV y DG Telecomunicaciones, S.A. DE, CV, que se asociaron con Smart Logistics  y que, según la acusación Medusa, son de origen mexicano y representadas por lo nombrados José Miguel Martínez Barrera y Javier Isaac Valdez Díaz, respectivamente.

El acuerdo y la devolución de los 500 mil dólares la dio a conocer el fiscal Enmanuel Ramírez luego de salir de audiencia del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, a cuyo juez, Amauri Martínez, se le presentó la negociación.

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Martínez dará a conocer si acoge o no el arreglo con el empresario y las tres empresas el día 05 de julio junto con la decisión de otros 9 imputados que la semana pasada también anunciaron que negociaban con el Ministerio Público.

Acusación: Obligado a venir en pandemia a pagar soborno

El expediente de la acusación de Operación Medusa narra que Sean Hudson Dwiggins debió pagar 650 mil dólares de soborno al exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien, según la imputación, le exigió la entrega en efectivos, a pesar de que el extranjero le respondía que “no estaba de acuerdo con el mecanismo”, ya que se encontraba fuera del país.

Hudson Dwiggins prefería hacerlo por transferencia o en cheques, porque “no podía venir (al país) a eso, más aún por su condición de empresario americano, por sus vínculos familiares, a lo que el exfuncionario dominicano le habría contestado que “esa no era la manera acordada”.

El empresario norteamericano fue seleccionado el 26 de diciembre del 2019, mediante el acta no. 204-2019, del Comité de Compras y Contrataciones, que se la adjudica “para la adquisición e instalación de sistema y equipos de seguridad y vigilancia para Recintos Penitenciarios del Plan de Humanización: (i) CCR La Nueva Victoria, (ii) CCR San Juan de la Maguana y (iii) Preventiva San Luis”, a través del consorcio Smart-Aero-DG, por un monto total de RD$ 348,299,903.80.

Luego, al contrato se le hizo una adenda y subió el monto a “(DOP$ 368,651,594.89). Con la gravedad de que el acusado Jean Alain Rodríguez en coalición de funcionarios con Jonathan Rodríguez, Alfredo Solano y Rafael Mercedes, ordena pagar la referida suma en violación año contrato llevando a la procuraduría a pagar por equipos no recibido, y cometer la falsedad de decir que se había recibido lo que realmente no estaba en la institución”, afirma el Ministerio Público en el documento acusatorio.

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Mayoría de acusados negocian

Con estas últimas negociaciones, los acusados que han admitido los hechos penales ya son mayoría de los 63 encartados en el proceso penal por corrupción que encabeza el exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, por supuestamente estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos.

Otros empresarios que han negociado son el joven Lisandro José Macarrulla Martínez, representante de Mac Construcciones SRL, quien entregará al Estado más de 154 millones de pesos en efectivos y en bienes, e Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk, que pagará una multa de 4 millones, doscientos mil seiscientos (RD$4,200,600). A estos dos también se les solicitó pena de tres y un año de cárcel suspendida, respectivamente.

Con el consorcio Smart-Aero-DG y Sean Hudson Dwiggins suman 37 los que se ha declarado culpables hasta el momento en el caso, de un total de 63 imputados, que incluye empresas y personas físicas. El próximo viernes 28 el juez Amauri Martínez decide si envía a juicio de fondo o no a los que han decidido enfrentar la acusación, incluido el exprocurador.