El contenido de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), promulgada el pasado mes de enero, ha sido cuestionado por varios sectores, por entender que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la libertad de expresión, la intimidad y el honor, entre otros. 

Los ataques a la Ley de la DNI empezaron a surgir porque el documento incluye un artículo que ordena a todos los dominicanos a entregar informaciones privadas a la entidad sin la orden de un juez. 

Además, se criticó la forma rápida en la que la Cámara de Diputados aprobó la ley.

Tras este revuelo, el Gobierno invitó al diálogo con sectores interesados en recibir explicaciones sobre la ley y designó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y al director del DNI, Luis Soto, para que lo organizaran. 

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La comisión sostuvo su primer encuentro el pasado 22 de enero y no fue hasta ayer miércoles que se llegó a un acuerdo entre las partes. Ahora, el Poder Ejecutivo procederá a someter las modificaciones a los artículos 1, 2, 9, 11 y 26 de la ley vigente.

El proyecto de la DNI estuvo en el Congreso desde el 2021, cuando el Poder Ejecutivo lo sometió al Senado. Perimió varias veces y fue asumido por los legisladores Milciades Franjul, Julito Fulcar y Pedro Tineo.