Caso Intrant, entre terrorismo y desfalco
La operación Camaleón, ejecutada desde el Ministerio Público para investigar una supuesta red de corrupción, relata en la solicitud de medidas de coerción que al menos siete personas estuvieron involucradas en un proceso que se inició con una licitación fraudulenta en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y que sigue con serios señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
Mañana, en una audiencia para debatir la pertinencia o no de imponer medidas de coerción a los siete encartados, el Ministerio Público pretende demostrar que el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José -Jochi- Gómez, Frank Díaz, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero, pertenecieron a una estructura ilícita para beneficiar a la empresa Transcore Latam con el manejo de los semáforos en la capital, lo que desencadenó en actos de espionaje y sabotaje.
El eje de la operación Camaleón es la licitación pública en la que se adjudicaron más de 1,317 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, este contrato fue manipulado desde su inicio para favorecer a la empresa señalada, que no tenía capacidad técnica real para ejecutar el proyecto.
Las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol supuestamente fueron creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos. Estas compañías, que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos, se habrían beneficiado de contratos millonarios gracias a la manipulación del proceso de licitación orquestada desde dentro del Intrant.
Una vez adjudicado el contrato, Transcore Latam tomó el control de la red semafórica y del sistema de videovigilancia de Santo Domingo. Esto no solo le permitió manejar el tráfico de la ciudad, sino también instalar equipos de monitoreo en lugares estratégicos, lo que comprometió gravemente la seguridad vial del país, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.
Enterado de la investigación en su contra, Gómez habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría, por lo que “se infiltró” en la indagatoria de las autoridades.
El alegado terrorismo
El sabotaje a los semáforos ocurrido a finales de agosto sería uno de los delitos cometido por la red y calificado como “terrorismo” por el Ministerio Público.
El Código Penal define el terrorismo como la ejecución de actos que provoquen un gran temor en la población, persiguiendo alterar el orden público o coaccionar a los poderes estatales. La legislación dispone hasta 20 años de prisión si el delito comprometió la seguridad nacional, pero no causó muertes ni daños físicos.
El supuesto espionaje
El Ministerio Público también busca probar que el manejo de los semáforos en Santo Domingo permitió a Gómez cometer espionaje y vigilancia ilegal.
De acuerdo con el expediente -de 304 páginas-, Gómez tendría acceso a datos como conversaciones telefónicas, mensajes y el historial de búsqueda de los observados por la alegada red de vigilancia.
El MP quiere prisión
“La gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, la cual llega hasta 20 años, hace necesario el presente caso sea declarado complejo con todas sus consecuencias legales”, argumenta la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Mientras, pide 18 meses de prisión preventiva.
Aunque la acusación del MP da la impresión de que el control de la red semaforica daba a Gómez una gran capacidad para espionaje, sus posibilidades eran reducidas.
Controlaba el desplazamiento y rutas de automotores al grabar las placas y tener acceso a la base de datos vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos. En modo alguno podía interceptar comunicaciones desde los controles del tránsito.
En el país se magnifica la interceptación telefónica y datos digitales sin tomar en cuenta la protección que el avance tecnológico brinda y el esfuerzo de empresas como Apple, Google y Meta para garantizar la confidencialidad de sus servicios.
Dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas requeridas. Facilitó la participación de empresas carpeta que desviaron recursos del Estado para beneficio propio.
Es el principal beneficiario económico del esquema corrupto. Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.RX. y Dekolor S.R.L. para mover fondos ilícitos.
Participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los investigados.
Facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos. Adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas del entramado.
Emitió una certificación falsa en la que afirmaba que el Intrant contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación, pero los fondos no estaban disponibles, por lo que el proceso inició sin los recursos debidos.
Fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico. Tras renunciar a su cargo, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L. Contribuyó al sistema de lavado de activos y sabotaje a la red de semáforos.
Junto con Gómez, Peguero fue responsable de movilizar fondos a través de Inprosol S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L. Es el encargado de los asuntos técnicos-informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de Jochi Gómez.
Fue creada con documentos falsos y con usurpación de identidad. Se usó para manipular el procedimiento y obtener contratos millonarios con el Intrant.
Fue utilizada para ejecutar actividades ilegales de inteligencia que incluyen videovigilancia ilegal y espionaje para controlar sistemas estatales.
El Ministerio Público alega que esta compañía se usó para desviar los fondos obtenidos de los contratos y blanquear dinero ilícito.