El exdirector del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico de la referida institución, están a la espera de ser trasladados a la cárcel de Najayo-Hombres, donde deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva por su implicación en el supuesto acto de corrupción perpetrado desde el Intrant.

Mientras tanto, los abogados de los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas realizaron el pago de la garantía económica impuesta por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y están a la espera de su libertad.

Además, a estos imputados se les impuso impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.

En tanto, para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.

Tras una visita a su defendido, Hugo Beras, los abogados Laura Acosta y Luis Rivas reiteraron que apelarán la decisión de la magistrada Veloz, debido a que el criterio utilizado para tomar la medida fue que Hugo Beras «fue un funcionario de alto nivel».

«¿Cómo tú mantienes a una persona en prisión supuestamente porque fue un funcionario de alto nivel y por eso hay riesgo?», cuestionó Acosta.

Asimismo, Rivas manifestó que ese criterio no es jurídico y dijo que es algo nunca visto: «eso ni siquiera está en los libros».

«Yo creo que si ese es el criterio usado, todo el que es funcionario debe empezar a preocuparse y el que no lo es aún debe pensarlo dos veces antes de meterse a funcionario», expuso Rivas.

Rivas citó que otro de los criterios invocados por la jueza es que los abogados asistieron a Hugo Beras al día siguiente de su apresamiento.

Además, la jueza Veloz consideró que las pruebas aportadas por la defensa no fueron suficientes para determinar quién dice la verdad.

«Otra cosa interesante es que ella dice que los presupuestos de arraigo que presentamos no eran suficientes (…) y lo que aportamos fue de sobra», puntualizó Rivas.

La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado Operación Camaleón, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.

Las irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.