Caso Intrant: Jochi, Hugo y Padovani van a prisión
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó ayer 18 meses de prisión preventiva contra tres de los imputados en el caso de supuesta corrupción perpetrado desde el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).
La medida de coerción, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal, fue dictada contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Mientras que, para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.
Los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medida cautelar.
La revisión obligatoria de las medidas será el 9 de enero de 2025.
La investigación del Ministerio Público, denominada operación Camaleón, consta de más de 300 páginas, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
El grupo fue arrestado durante diversos allanamientos a residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Las supuestas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
Las tres empresas vinculadas a la supuesta trama son: Transcore Latam, Inprosol y Aurix.
A esta última se le señala de contratar de manera ilegal con el Ministerio de Defensa, para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Por el caso ya ha sido interrogado el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem.
Ministerio Público
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, valoró como “el triunfo de la verdad sobre la mentira” la decisión de la jueza y aseguró que la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado.
Dijo que, se encontraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que impulsó la decisión judicial.
Laura Acosta, miembro de la barra de la defensa de Hugo Beras, dijo que es evidente que en este caso hay “intereses sumamente grandes” que escapan a su defendido y a sus abogados.
La abogada litigante manifestó al salir de la sala de audiencias que, aunque respetan la decisión, no la comparten, por lo que van a recurrir en apelación. Consideró que Hugo Beras es un “chivo expiatorio” en esta alegada trama. “Esto es un golpe duro ahora, pero él (Hugo Beras) no tiene por qué bajar la cabeza, porque no tiene nada de qué reprocharse desde el punto de vista penal”, afirmó la jurista.
Hugo Beras se vio con mirada triste y perdida al salir del tribunal en medio de un mar de cámaras y micrófonos de los medios de comunicación presentes.