El Ministerio Público y los acusados en los casos de sobornos para la compra de los aviones Super Tucano y la venta irregular del sector Los Tres Brazos continúan batallando en los tribunales, que conocen recursos de apelación. El de los Tucano está en la Corte de Apelación y el de Los Tres Brazos en la Suprema Corte de Justicia. 

Este jueves, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional concluyó los litigios en el caso de los Tucano y anunció que dará a conocer su fallo el 20 de diciembre, al mediodía.

Los señalados de recibir sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, en el año 2007, son el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor.

Esa misma sala también fue apoderada para conocer la impugnación del Ministerio Público a la declaratoria del fin de la persecución penal al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar Objío y los empresarios vinculados en la venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados del sector Los Tres Brazos.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por los jueces Keila S. Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleida Méndez Batista, fue el que decidió la extinción penal en los dos procesos “por el vencimiento del plazo máximo de duración” contemplado en la ley.

El caso de los aviones Super Tucano lleva en la justicia ocho años y el de Los Tres Brazos, seis.

En espera de fallo de la SCJ

En la Suprema Corte de Justicia también está pendiente el fallo del recurso de casación al no ha lugar que confirmó la Primera Sala de la Corte para algunos de los implicados en la venta del terreno del barrio Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, en diciembre del 2023. 

En la decisión que confirmó el no ha lugar para el agrimensor Hadonis Cruz Mella, Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec, y la agrimensora Ana Antonia Ozuna Nolasco, la corte ordenó un nuevo juicio a Leoncio Almánzar y otros exfuncionarios.

En el juicio que se ordenó y que fue apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado se declaró la extinción penal para Almánzar Objío; el exgerente inmobiliario de Corde, Manuel Joaquín Aybar Ferrando; el exconsultor jurídico, Irvin José Cruz Crespo; la representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L, Juana Ynés Gómez Williams; Domingo Gerardo Legrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa); Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, empleados de esa empresa, y Lisetel González Sánchez.

También se declaró nula la acción penal para la razón social Proyecciones Inmobiliarias Gow, Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), Soluciones Eléctricas Sidenet, Teknowlogic Dominicana.

Los alegatos de la defensa y el MP 

Los abogados de los exmilitares y empresarios vinculados en el recibimiento de 3.5 millones de dólares de sobornos para que el país comprara las aeronaves alegan que al ser en un segundo juicio de fondo que se decidió la extinción, luego de que en un primero fueron descargados, esa sentencia yo no es apelable.

El jurista Hiroito Reyes y los demás defensores de los acusados, afirman que por una jurisprudencia de la SCJ, la extinción penal viene siendo una absolución y por esa razón, de acuerdo al artículo 423 del Código Procesal Penal, no es recurrible. 

El mencionado texto de la ley procesal establece que “si se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra de un imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida, y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelta, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno”.

En el primer juicio de fondo en contra de los imputados, el Tercer Tribunal Colegiado los descargó de responsabilidad penal y la corte ordenó un nuevo juicio, tras acoger la impugnación del Ministerio Público.

Al respecto, el procurador fiscal, José Miguel Marmolejo, argumentó en la corte que emitirá su fallo en diciembre, que en la jurisprudencia de la SCJ se establece que para que se produzcan dos absoluciones, en ambos juicios deben haberse hecho las “producciones de las pruebas” y en la declaración de la extinción no se llegó a leer ni siquiera la acusación. 

Agregó que la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado que declaró la extinción penal en los Tucano “es contraria a la jurisprudencia que han establecido la misma Corte, la SCJ y del Tribunal Constitucional porque no tomó en cuenta la complejidad del caso y su extensión”.

Marmolejo adelantó estar confiado de que se revocará la sentencia del tribunal de primer grado.

Aclaró que los casos de corrupción, no sólo en República Dominicana son muy largos, y que eso se debe a que se tratan de criminalidad organizada.