A una semana de la detención del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S., este martes se les conocerá la medida de coerción a ambos ya otros cinco implicados en una presunta red de corrupción que abarca delitos como terrorismo, desfalco, robo de datos y sabotaje.

Además de Beras y Gómez, el Ministerio Público señala como involucrados a Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho de Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez, director Administrativo y Financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha solicitado prisión preventiva para los implicados, alegando que la red operaba con gran complejidad, involucrando a funcionarios y empresas que defraudaron al Estado.

Interrogatorio al exministro de Defensa

Se espera que este lunes el exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, sea interrogado por la Procuraduría General de la República en relación con el caso Camaleón. Paulino Sem habría firmado un contrato con Aurix, la empresa de Jochi Gómez, vinculado a las irregularidades en el manejo de la licitación. El exteniente general fue el titular del Ministerio de Defensa durante la gestión del expresidente Danilo Medina.

Tranquilidad en la Fiscalía

El día previo a la audiencia de medidas de coerción, los pasillos de la Fiscalía del Distrito Nacional se mantuvieron en calma. Por lo menos en horas de la mañana, solo se supo de la visita de Carlos Balcácer, abogado de Jochi Gómez, quien acudió para ver a su defendido.

En el documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público sostiene que el esquema de corrupción surgió a raíz de una licitación fraudulenta en Intrant, donde se adjudicaron más de 1,317 millones de pesos para modernizar los semáforos del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con el documento de solicitud de la medida de coerción del Ministerio Público, estas siete personas estuvieron involucradas en un proceso que se inició con una licitación fraudulenta en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y que sigue con serios señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.

El eje de la operación Camaleón es la licitación pública en la que se adjudicaron más de 1,317 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, este contrato fue manipulado desde su inicio para favorecer a la empresa señalada, que no tenía capacidad técnica real para ejecutar el proyecto.

Las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol supuestamente fueron creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos. Estas compañías, que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos, se habrían beneficiado de contratos millonarios gracias a la manipulación del proceso de licitación orquestada desde dentro del Intrant.