En el marco del controversial Caso Camaleón, que involucra a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a otros seis acusados de de corrupción perpetrada desde el Intrant, la abogada de Beras ha lanzado fuertes declaraciones contra la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y su titular, el magistrado Wilson Camacho.

Durante un receso en la audiencia de conocimiento de medida de coerción, Laura Acosta afirmó que Camacho desacreditó sus denuncias de irregularidades en los allanamientos, calificándolas como producto de su «mente pervertida».

“El magistrado Camacho señaló que lo que nosotros planteamos en la noche de los allanamientos fue producto de mi mente pervertida y que yo me inventé la historia de lo que ocurrió ese día para lograr la libertad de Hugo Beras”, puntualizó a los medios que cubren la fuente.

La abogada indicó que, el día de los allanamientos publicó en su cuenta de X lo que ocurrió durante el arresto de su cliente. Según su relato, Beras no fue debidamente asistido por un abogado al momento de su detención, a pesar de que la ley así lo exige.

«Un periodista me envió la orden de arresto por WhatsApp», afirmó Acosta, cuestionando la versión de las autoridades, quienes alegan que le entregaron una copia de la orden a Hugo Beras.

La abogada también criticó el uso de la prisión preventiva en este y otros casos gestionados por la Pepca en los últimos años.

«La prisión preventiva se ha convertido en una práctica común, por eso las cárceles están llenas de presos preventivos«, subrayó.

Asimismo, denunció que la Pepca anda con carretilla de cajas vacías para venir a depositar. Recordó que en el caso Calamar ellos llegaron a la fiscalía con varias cajas supuestamente para depositar pruebas: “Y resulta que yo tengo una certificación tribunal que dice que nada más entregaron disco duro, que no entregaron una sola prueba en físico, ¿Quién miente?”.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a la imparcialidad y al respeto de los derechos fundamentales de su cliente, defendiendo su labor como abogada y denunciando la criminalización de su ejercicio profesional por parte de las autoridades judiciales.

El órgano fiscalizador está solicitando prisión preventiva, en ese sentido el procurador Camacho explicó que esperan que el tribunal le otorgue a los señalados la medida máxima que, de acuerdo con el código penal, son 18 meses.

La magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, se reservó el fallo para las 3:00 de la tarde de este jueves 10 de octubre.

Sobre las imputaciones

El Ministerio Público establece que «la estructura de crimen organizado se encontraba conformada por Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez«, quien se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) desde el 15 de agosto del 2022 hasta el 13 de noviembre del 2023.

Según refiere el expediente, Beras «coalicionó para violar la ley con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba en el mismo período como coordinador de despacho y representante del director ejecutivo ante el comité de compras de la entidad; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero».

«Los anteriormente señalados formaron una asociación de malhechores con José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano, amañando un proceso de licitación que le fue adjudicado a estos por la suma de RD$1,317,350,997″, señala el documento.

Además de la referida adjudicación, indican que, a través de Transcore Latam S.R.L, a los imputados les fue otorgado el control del sistema semafórico y de video vigilancia del Gran Santo Domingo, quienes procedieron a vincular dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la »investigación e inteligencia privada», y es propiedad del imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi).