Denuncian anomalías en uso de recursos del Poder Judicial
La jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz Almonte, solicitó el pasado mes de enero a la Cámara de Cuentas una “auditoría exhaustiva” al Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional de administración y disciplina de ese poder del Estado, por el mal uso que, afirma, viene dando a los recursos.
Entre las supuestas irregularidades que señala la magistrada, figura un seguro médico internacional para hijos adultos de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia y de los miembros del Consejo y que incluye a los de los pensionados.
El documento, que ya fue recibido por el órgano fiscalizador y al que tuvo acceso Diario Libre, contiene como parte del anexo la respuesta de la Oficina de Acceso a la Información del Poder Judicial que le responde a Muñiz Almonte y confirma esa parte de su denuncia.
“En ese sentido, le informamos que los jueces de la Suprema Corte de Justicia activos y pensionados cuentan con el beneficio del seguro médico internacional, así como su núcleo familiar, incluyendo los hijos mayores de edad”, se lee en la carta de respuesta a una solicitud de información de la jueza, que califica el beneficio de “ilegal”.
Es “ilegal que se destine sumas importantes del presupuesto para generar un beneficio, ahora directo, en favor de personas que no tienen ningún vínculo laboral con el Poder Judicial”, asegura.
Asesores que ganan más que jueces de corte
Otro de los cuestionamientos que formula la presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional es en cuanto al Acta de la sesión ordinaria 13-2024, de abril de 2024, en la que el Consejo del Poder Judicial aprobó la creación de las asesorías de tres expertos en Derecho, que incluye a Flavio Darío Espinal Jacobo, “todos con un salario de 295,000 pesos mensuales. La contratación “no figura en la nómina de personal contratado ni fijo del Poder Judicial, según las nóminas publicadas en el portal de Transparencia del Poder Judicial”, sostiene Muñiz Almonte.
En el acta de la sesión, que la magistrada agrega en los anexos, el miembro consejero Modesto Martínez Mejía, emitió un voto salvado por considerar el salario de los asesores “exorbitante, ya que supera el salario de todos (as) los (as) jueces del país en los niveles de cortes de apelación, primera instancia y paz, incluso en su escala máxima, cuyo monto asciende a un tope de 289,843.75 (pesos)”. Además de Flavio Darío Espinal, quien fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo (2016-2020), fueron contratadas Doris P. Peña Sánchez y Xenia A. García Cordero.
Pasajes aéreos de primera clase
La jueza Isis Muñiz Almonte calificó, asimismo, como una “práctica odiosa” los viajes en primera clase de los miembros del Consejo, que solo en dos años gastaron más de 2. 1 millones de pesos. Sin embargo, explica que esos viajes no están regulados, por lo que no hay “ninguna normativa” que los prohíba, pero dijo que entran en contradicción con el discurso de que “no hay recursos para atender asuntos importantes vinculados directamente con la prestación del servicio que se debe brindar desde los tribunales”. Agrega que hace más de tres años no se aumenta el salario a los jueces y empleados administrativos y no se ha indexado el de los pensionados.
En el documento hecho llegar a la Cámara de Cuentas, refiere que tampoco el Poder Judicial “ocupa las vacantes de jueces” que a nivel nacional se presentan. Los miembros del Consejo del Poder Judicial son cinco, presidido por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, otro miembro de esa alta corte, y tres jueces que representan a los tribunales de primera instancia, a la corte y a los de paz.
En su solicitud de una auditoría al Consejo del Poder Judicial, la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, manifestó también su preocupación por el riesgo del posible “colapso total” en un evento extremos como un sismo del edificio de la Corte Penal y Civil, conocido como la Vieja Corte, ubicada detrás del Senado de la República y que tiene un flujo de usuarios que sobrepasan las 300 personas diarias.
En su denuncia agregó la conclusión del estudio a la estructura que presentaron en enero del 2021 el director general de Administración de Carrera Judicial acompañado del ingeniero Pavel Mora, representante de Epsa-Labco, Ingenieros Consultores, S.R, que así lo advierte. “Existe un riesgo latente de colapso parcial o total de la edificación para la condición de eventos extremos (sismo). Tanto la resistencia medida del concreto como los niveles de corrosión que muestra de acero de refuerzo hacen que la capacidad de los elementos sea considerablemente menor que la requerida para fines de cargas extremas sismo”, estableció la evaluación, que recomendó la reconstrucción de la edificación.