El decreto 614-24, que designa a Carlos Pimentel como nuevo director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, establece también que busca la readecuación estructural y normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

El artículo 2 del decreto establece que en 12 meses, Pimentel deberá presentar una propuesta detallada al Poder Ejecutivo sobre esta readecuación.

Agrega que esta propuesta tendrá como finalidad la «optimización de los procesos operativos y regulatorios, alineando ambas instituciones bajo los objetivos estratégicos del Estado dominicano, a fin de garantizar la eficacia, transparencia y coherencia en la implementación de las contrataciones públicas y las alianzas público-privadas».

Las nuevas funciones asignadas a Pimentel en el decreto se suman a las que ya ejerce al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas, cargo que de ahora en adelante desempeñará de manera honorífica.

De acuerdo a la Presidencia, el objetivo de esta nueva medida es seguir eficientizando y fortaleciendo la transparencia en los procesos de contratación bajo el modelo de alianzas público-privadas.

Pimentel sustituye en la dirección de Alianzas Público-Privadas a Sigmund Freund, quien fue nombrado ministro de Administración Pública y asumió en julio pasado. 

«Juez y parte»

La designación de Pimentel en Alianzas Público-Privadas es violatoria a la ley 47-20, que crea ese organismo, porque tendrá dos funciones a la vez en el consejo de esa entidad, debido al puesto que ya ocupa como director de Compras y Contrataciones con facultad de «voz y voto».

Consultado por Diario Libre el jurista Francisco (Pancho) Álvarez indica que aunque el decreto 614-24, que designó en la nueva función a Pimentel modifica la disposición con la cual fue nombrado en Contrataciones Públicas, para que en lo adelante sea «a título honorífico», esto «no elimina la incompatibilidad» con la ley.

Otro abogado que pidió no ser citado por su nombre sostuvo que el conflicto con la norma que crea a Alianzas Público-Privadas radica en que dos posiciones del consejo estarán en una sola persona, lo que lo convertirá en «juez y parte».