Los abogados de la fábrica de plástico Vidal Plast SRL y los de las familias de las víctimas de la explosión que dejó unos 38 muertos y decenas de lesionados en el mercado  de San Cristóbal, responsabilizaron a la alcaldía del referido municipio, al Ministerio de Obras Públicas y a la empresa Rilco del estallido que se registró el 14 de agosto del 2023.

Ayer jueves, el Ministerio Público (MP) depositó la acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra de Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal, representantes de la empresa donde presuntamente “se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro».

El abogado de la empresa Vidal Plast, Norberto Rondón, denunció que el Ministerio Público está protegiendo a los verdaderos responsables de la explosión.

“Los responsables de esa explosión son José Montás, exalcalde de San Cristóbal, y el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención. Es que ellos tenían el control de ese inmueble cuando se produjo esa explosión, no nuestros patrocinados, que los han pretendido convertir en chivos expiatorios de ese lamentable suceso”, aseguró a Diario Libre.

Rondón precisó, además, que, al momento del histórico suceso, ya Vidal Plast había sacado sus equipos del local. “Desde el primero de marzo ya se había sacado la planta eléctrica, la trituradora, y, además, para picar plástico no se utiliza ningún agente químico como ha pretendido el Ministerio Público establecer. Aquí todo el mundo sabe en San Cristóbal a quién le responde ese Ministerio Público en términos políticos”, sostuvo el abogado.

Víctimas no se querellarán

De su lado, Roberto Faxas, representante de los parientes de las víctimas, calificó la acusación del Ministerio Público como “mediática, populista y falaz” con la que busca evadir responsabilidades.  

Dice que según fotos que tienen en su poder, se evidencia que la explosión se originó en el local donde la alcaldía tenía previsto dar el primer picazo para la construcción del parqueo. 

Es por esto, que están demandando al Estado por alrededor de 1,800 millones de pesos y advirtió que ninguno de los agraviados se querellará contra Vidal Plast.

“En tema penal, ni nosotros como abogado ni ningún cliente de nosotros, es más, ninguno de los agraviados de ese hecho acusa a ese señor, ninguno”, advirtió.

Denunció que, tras el trágico suceso, la fiscalía no aceptaba denuncias si no era en contra de Vidal Plast.

Explicó que el informe que las autoridades utilizan como “punta de lanza” para ese sometimiento es que tres meses antes del siniestro, en la empresa de plástico se produjo una deflagración por un elemento químico.

“En ese informe dicen ellos que posiblemente esa explosión fue causada por esos mismos elementos químicos, pero los bomberos ya habían limpiado todo eso y ellos (el ayuntamiento, Obras Públicas y la compañía Rilco) ya tenían el dominio de ese local completo”, argumentó.

A juicio de Faxas, con esta acusación, el Estado está “buscando un culpable para sustraerse de la verdad”. Acusó, además, a las autoridades locales de “borrar la escena de los hechos” y dijo tener videos que alegadamente comprueban su denuncia.

Notificación de la acusación

Ambos abogados coincidieron en que no han sido notificados oficialmente de la acusación presentada por el Ministerio Público.

“Desconocemos la acusación. El Ministerio Público manejó esta investigación en forma secreta, sin compartir la información ni las pruebas a medida que las iba recolectando”, señaló Rondón.