El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúa recibiendo pruebas en el juicio contra los acusados de integrar una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada en agosto de 2022 a través de la Operación Cattleya.

En esta etapa, el Ministerio Público presentó hoy como testigos a seis procuradores fiscales, quienes aportaron pruebas clave ante las juezas, que incluyen documentación financiera, dispositivos electrónicos y evidencias físicas recolectadas durante los allanamientos en Santo Domingo, Bávaro y La Altagracia.

La audiencia comenzó con la declaración del procurador fiscal Miguel Collado, quien presentó el acta de un allanamiento realizado en el domicilio del acusado Daniel Enrique Inirio Abreu. Collado detalló que durante la intervención se incautaron recibos financieros, libretas de ahorro, pasaportes y dos vehículos, pruebas que fueron entregadas a la Procuraduría General de la República y ahora forman parte de los elementos evaluados por el tribunal.

Ernesto Guzmán, procurador de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), testificó sobre el allanamiento en La Altagracia, donde fueron confiscados itinerarios de vuelos, comprobantes bancarios y un celular, evidencias documentadas en el acta que presentó al tribunal. El Ministerio Público informó en nota de prensa, que en su exposición, Guzmán destacó que estos elementos se suman a las pruebas que establecen las actividades de la red.

El fiscal Jonathan Pérez Fulcar presentó una “evidencia significativa” de otro allanamiento en Punta Cana, provincia La Altagracia. Según su testimonio, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos y documentos que revelaron la explotación de al menos tres jóvenes de nacionalidad colombiana, quienes eran ofrecidas mediante catálogos a través de un celular, a precios entre 200 y 350 dólares. Esta información fue entregada a las juezas como parte de la acusación.”

En su turno, la procuradora general de corte Rosa María Pichardo relató los hallazgos en un hotel de Gazcue, donde fueron encontradas ocho mujeres colombianas en habitaciones descritas como “tipo motel”. Según Pichardo, “las habitaciones eran pequeñas y contenían una cantidad excesiva de cordones, lubricantes y otros objetos que indicaban un uso continuo para actividades sexuales,” con puertas aseguradas por barrotes de hierro que impedían la salida de las víctimas.

“El tribunal también escuchó al fiscal Edison Rafael Parra López, quien participó en un allanamiento en otro hotel de Gazcue, donde se incautaron más de 100 preservativos, una laptop HP, libretas de ahorro y dinero en diversas monedas. Entregó esta evidencia a las juezas para reforzar la acusación de que el lugar operaba como centro de explotación sexual“, añadió la información servida por el Ministerio Público. 

Finalmente, el fiscal Merlín Mateo, adscrito a la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó dispositivos electrónicos, documentos financieros, boarding pass y otros elementos obtenidos en otro allanamiento. Estas pruebas, según Mateo, documentan la logística y el control que la red ejercía sobre las víctimas y “permitirán a las juezas tener una visión más clara de las operaciones de la organización”.

Próximos pasos

El juicio fue recesado hasta el 13 de noviembre, cuando el Ministerio Público, representado por los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías y Eduardo Velásquez, retomará la presentación de pruebas.

El tribunal continuará evaluando las evidencias para determinar la responsabilidad penal de los acusados en este caso, que involucra a figuras como José Miguel Michel Gurdis, alias Michel; Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, y otros 15 implicados, además de hoteles en Santo Domingo y Bávaro.