La jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes medidas de coerción a Freddy Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem) y al tesorero de la institución, Aníbal Ozoria, ambos acusados de estafa contra el Estado dominicano.

A los dos impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas coercitivas.

Núñez deberá pagar una garantía económica de un millón 200 mil pesos a través de una compañía aseguradora y deberá presentarse al tribunal los días 30 de cada mes.

En tanto que, a el tesorero Ozoria se le impuso el pago de 300 mil pesos a través de una compañía aseguradora. También debe presentarse los días 30 de cada mes ante las autoridades judiciales.

José Fis, abogado de Freddy Nuñez, explicó que la jueza ordenó que su defendido sea remitido a un centro de salud para evaluar complicaciones.

La abogada de Ozoria, Olianna García Mateo, sostuvo que la implicación de su cliente en los hechos no es de responsabilidad.

Mostró satisfacción por la decisión de la jueza y admitió que Ozoria reconoció ante la justicia que firmó algunos cheques en blanco.

El Ministerio Público 

El Ministerio Público indicó que esperará la decisión íntegra del dictamen, para poder emitir una opinión más clara al respecto.

Sin embargo, Ernesto Guzmán, representante del órgano judicial, expresó que se logró medida de coerción y que eso es lo importante para continuar con el caso. 

Las partes deberán esperar la fecha nueva para la continuación de este caso.

El presidente de la Federación de Pentatlón había recusado a la jueza en pleno conocimiento de la medida de coerción en la audiencia anterior.

Freddy Núñez y Aníbal Ozoria, según el expediente del Ministerio Público, habrían desfalcado al Estado con 60 millones de pesos. 

La medida de coerción depositada por el Ministerio Público con la que pretendía conseguir prisión preventiva abarca 757 páginas y presenta 219 elementos de prueba.

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que el alegado desfalco de unos 60 millones de pesos, secedió desde 2011 al 2023, fecha en el que Ministerio de Deportes suspendió a los directivos de Fedopem.

Por el caso se allanaron residencias en el Distrito Nacional y la provincia María Trinidad Sánchez, así como en las instalaciones de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

De qué les acusan

Los imputados en el caso Fedopem son señalados por corrupción, falsificación y uso de documentos falsos, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado y lavado de activos.

Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana; 145, 147 y 148 del Código Penal Dominicano; 171 y 172; 265 y 266; 405; así como los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.