Con la presunta red de espionaje que buscaban conformar los implicados en la operación Camaleón, José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi Gómez, obtendría acceso a datos personales o información corporativa confidencial, según las imputaciones del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción, el señalado tendría acceso a datos como conversaciones telefónicas, mensajes y el historial de búsqueda de los observados por la alegada red de vigilancia.

«Al espiar otras redes cercanas obtendría el acceso a llamadas telefónicas, transmisiones de video, datos de navegación por internet o incluso mensajes de texto sin la autorización del propietario de la red legítima», establece texto.

El documento, que consta de 304 páginas, explica que el pasado titular del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras Coico Ramírez, habría concertado con Gómez Canaán para obtener una red de radiocomunicación privada que utilizaría frecuencias atribuidas al servicio fijo en la banda de 2.300 MHz.

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La banda de 2.300 MHz se refiere a un rango específico del espectro electromagnético utilizado principalmente para servicios de comunicación móvil, incluyendo 4G LTE y 5G.

El propósito de obtener esta red era «interceptar o capturar señales de comunicaciones cercanas que utilicen la misma frecuencia o frecuencias adyacentes».

Ya habían recopilado datos

Con el supuesto sabotaje de los semáfores se afectaron 55 intersecciones de la capital el pasado mes de agosto. (LUDUIS TAPIA)

Transcore Latam S.R.L. habría alterado los semáforos para agregar dispositivos que no formaban parte de la oferta técnica inicial de la licitación que se les adjudicó, como: una red de fibra óptica, Nodos de Concentración y Kits Starlink. Esta imputación la realiza el órgano fiscalizador en el expediente de solicitud de medida de coerción.

Además de estas operaciones, las autoridades establecen que el entramado ya había adquirido un «volumen significativo de datos» que no podía justificar.

«Durante la auditoría, los peritos observaron que las cámaras instaladas, que incluían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real, almacenaban un volumen significativo de datos. Sin embargo, la empresa no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información», dice la solicitud. 

El MP también agrega que «los servidores mostrados resultaban insuficientes para manejar el volumen de datos, lo que generaba dudas sobre la capacidad del sistema para funcionar como se había propuesto. Además, los reguladores antiguos no parecían tener la inteligencia adaptada para gestionar el tráfico de manera autónoma, como se había anunciado inicialmente».

Contrato con el Ministerio de Defensa

El teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa (ARCHIVO). (DIARIO LIBRE)

Según la parte perseguidora, los vinculados a esta red lograron un contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa en junio de 2020 para poder acceder a informaciones sensibles del Estado e ingresar al país equipos propios de las agencias de inteligencia o de seguridad nacional.

«Utilizaron el contrato ilegal para traer al país tecnología que son autorizadas para uso exclusivo de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa», es una de las características de la supuesta organización criminal, conforme al citado texto.

El pasado jueves, el Ministerio de Defensa informó que el acuerdo que sostenía esa institución con la empresa AURIX S.A.S., propiedad de Jochi Gómez, fue suscrito durante la gestión del exministro Rubén Darío Paulino Sem y fue rescindido en septiembre de ese año (poco después del cambio de gestión).

Por lo que se sabe, este convenio era para que la empresa de Gómez Canaán ofreciera servicios de asesoría en materia de ciberseguridad y asistencia técnica durante el Estado de Emergencia por la pandemia de la COVID-19.