El conocimiento de la medida de coerción contra los supuestos imputados de formar parte de una red de corrupción contra el Estado desmantelada durante la Operación Camaleón continuó conociéndose la tarde de este miércoles a puerta cerrada en el Palacio de Justicia.

La audiencia fue recesada por unos minutos.

La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, solo espera que Jochi Gómez culmine con su exposición y defensa y que se produzca una réplica del Ministerio Público para decidir sobre la petición del órgano acusador de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados y declarar el caso complejo.

«Te amo», palabras de aliento para Hugo

Con mirada perdida y el oído atento a las voces de sus familiares y esposa, que le decían: «Te amo», así acudió a un receso Hugo Beras, y otros miembros de la supuesta estructura que estafó al Estado con más de 1,317 millones de pesos a través de un contrato para intervenir la red semafórica del Gran Santo Domingo entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Trancore Latam. 

Hugo Beras asentía colocando la mano sobre su pecho al escuchar las palabras de aliento de sus familiares, apostados en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde en estos momentos se conoce la medida de coerción a siete personas físicas y tres empresas vinculadas al supuesto fraude. 

«Vas a salir de esto», le gritó una persona a Beras.