Las más de 900 mil municiones sustraídas del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entre las cuales hay 230,340 cápsulas, calibre 5.56 milímetros utilizados para fusiles, eran sacadas en mochilas para evadir las cámaras de seguridad, según el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 policías acusados del hurto.

En el Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía, ubicado en el Palacio de la Policía Nacional, de la avenida Leopoldo Navarro, se colocaron cajas que fueron confeccionadas para sustituir las municiones y no levantar sospechas.

Sobre las cápsulas 5.56 milímetros para fusiles, el órgano persecutor señala que la sustracción y venta por parte de los policías es un “hecho de extrema gravedad” porque esas armas  “constituyen armas de guerra y no están permitidas a los civiles”.

Contra el intendente de armas, el coronel Narciso Antonio Feliz Romero y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos se afirma que “también coordinaron que fuesen confeccionadas cajas falsas para cubrir los faltantes en el área de intendencia de armas, lo cual no impidió que se verificara la ausencia de estas municiones que fueron sustraídas para su venta ilegal por estos agentes policiales”.

Otras de las municiones faltantes son 82,949 cartuchos calibre 12 milímetros para escopetas, y 489,907 cápsulas, calibre 9 milímetros, en “total se evidencia un faltante de 908,001 municiones de diferentes calibres, las cuales estaban bajo custodia del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional” y que fueron sustraídas de “manera masiva, organizada y sistemática”.

“El precio de las cajas de municiones de 9 mm con 50 unidades, sustraídas de los depósitos de la Policía Nacional, eran vendidas entre los tres mil ochocientos pesos dominicanos (DOP$3,800.00) y los cuatro mil quinientos pesos dominicanos (DOP$4,500”), se detalla en expediente de solicitud de coerción a los encartados.

Impacto económico de casi RD$65 millones 

La masiva sustracción de pertrechos “durante el 2024” en la intendencia de armas por parte de los encargados de custodiarlas tuvo un impacto económico para la Policía Nacional y el Estado dominicano de “sesenta y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos cinco pesos (RD$64,954,505.48″, sostiene el Ministerio Público.

El coronel Narciso Antonio Feliz Romero se desempeñó como intendente desde el mes de noviembre del 2023 hasta el 25 de octubre de este año 2024.

Los demás imputados 

Además del coronel Feliz Romero, también se vincula en Operación Pandora el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones.

Asimismo, el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungía como pieza clave en la parte operativa de la organización criminal.