Casa Abierta solicitó al presidente Luis Abinader practicar un “gesto humano y de justicia”, con indultar y entregar a sus familias a los jóvenes que guardan prisión por la “simple” posesión de drogas.

El director ejecutivo de la institución que trabaja en la prevención del uso de sustancias prohibidas, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, argumentó que el indulto llevaría tranquilidad a muchas familias en estas navidades.

• “Son tiempos propicios para llevar la tranquilidad a muchas familias que sufren las inmerecidas condenas de algunos de sus parientes. Indulte y entregue a sus familias a las personas procesadas por simple posesión, en su mayoría jóvenes de comunidades pobres, cuyo único “delito” es ser pobres y usuarios de alguna sustancia prohibida”, solicitó De la Rosa.

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Para De la Rosa, quien es psicólogo, la República Dominicana se mantiene anclada en el pasado y por más de 36 años, con la Ley 50 -88, “ha impuesto la estrategia del miedo a las sustancias, por encima de los derechos de las personas y una correcta perspectiva de salud”.

• “Con base en absurdas e injustas interpretaciones, muchas personas, en gran mayoría jóvenes, han sido apresadas y procesadas como delincuentes, cuando no extorsionadas   por autoridades   corrompidas. ¿Su delito?, la simple posesión de una sustancia”, agregó.

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En un comunicado de prensa, Casa Abierta refiere que incluso la Ley 50-88 reconoce que no hay transgresión alguna por la posesión, cuando establece en su artículo 3  que el “aficionado es la persona que se inicia en el uso de las drogas, sin llegar al hábito.  b) Habituados.  Habituado es la persona que abusa regularmente   de una o varias drogas sin consecuencias sociales u ocupacionales evidentes”.

• “Sin embargo, obviando esta definición   inicial, la legislación nacional no distingue entre quienes venden las sustancias y quienes las consumen, así la ley habla de “reprimir   el tráfico   y consumo ilícito de drogas …”, continuó explicando el profesional de la psicología y director ejecutivo de Casa Abierta.

Añadió que de las interpretaciones de la mencionada norma se crean “terribles” consecuencias para los ciudadanos consumidores de drogas “sin afectar a terceros, como bien reconoce la propia Ley 50-88 en los usos ocasionales o habituados, que son alrededor del 90% de las personas usuarias”.