La entrevista a Juana Barceló, Presidenta de Barrick Pueblo Viejo, se había pautado antes de los sucesos del 8 de enero, cuando policías y militares se enfrentaron a un grupo de manifestantes que bloqueaban la vía pública de acceso a vehículos de la empresa minera. La conversación se replanteó ante esos hechos, aunque no se evitaron los temas que la habían motivado.

2025 es un año importante para el sector: el gobierno se ha propuesto crear una empresa pública minera, hay interés (no solo local) por las tierras raras del sur del país, la nueva Ley de Minería, la situación de Falcondo… Además, la suspensión de la reforma fiscal obliga a cuidar más los impuestos que pagan estas compañías y con la llegada de Joel Santos al Ministerio de Energía y Minas se empezaron a mover asuntos estancados, como el estudio ambiental para el proyecto Romero. Desde el sector, se destaca la capacidad de diálogo que ha mostrado el ministro.

—¿Quién y por qué inició los sucesos del 8 de enero?

El reasentamiento de las comunidades que se van a ver afectadas por la nueva presa de cola no ha comenzado todavía. Con eso aclaro que no ha habido ningún desalojo, como se ha querido decir. Llevábamos seis meses con incidentes de ocupación de la vía pública y hablando y negociando con los instigadores. La policía actuó para restablecer la libertad de tránsito y fue atacada con piedras. Pero también hay vehículos con disparos y un policía resultó herido en la cabeza.

—¿Por qué explota la violencia después de seis meses?

Porque ante las presiones la empresa negociaba y concedía. Pero llega un momento en que ya no se puede dar más. Nosotros estamos dispuestos a pagar los precios justos. Pero cuando exigen cifras desorbitados por tarea o por mata… hay que parar. Los precios que se están pagando son generosos, muy por encima del mercado de acuerdo a las consultas que hemos hecho con instituciones del sector agrícola, el cacaotero por ejemplo. Hay una persona que reclama que se le pague a 89 mil pesos cada mata de rambután. Por otro lado, hay compensaciones que ya han sido aceptadas y son buenas: hubo una de 52 millones de pesos a un solo propietario.

—¿Qué contempla el reasentamiento?

Cuando se definió el punto de la nueva presa de cola se crearon los grupos de reasentamiento para las distintas comunidades, se divulgó la información en vistas públicas, se presentaron los lugares donde se podían construir las casas… Fuimos avanzando, es un proyecto como nunca se ha hecho en el país, porque si bien implica el traslado de familias, implica también que vamos a trabajar con la comunidad para que mejoren su calidad de vida con un compañamiento durante tres años.

—¿De cuántas familias hablamos?

Hasta ahora son 653 casas, se está haciendo un pueblo prácticamente: Nuevo Horizonte.  Es un proyecto de más de 320 millones de dólares. Son casas con techo de concreto, de dos o tres habitaciones. Va a tener parques, play, una escuela primaria y una secundaria técnica, una guardería, una iglesia evangélica y otra católica… Todavía hay cosas que estamos revisando, pero sí mantenemos un compromiso con las comunidades que estuvieron de acuerdo en su reasentamiento. Allí donde ya ha habido acuerdo, nosotros vamos a respetar el compromiso que asumimos.

Las compensaciones

El estudio ambiental ya fue aprobado por las autoridades y el censo se hizo hace dos años. Como ha ocurrido en otras ocasiones, después de cerrado el listado, se multiplicaron los vecinos, explica la empresa. Incluidos algunos profesionales de otras provincias que adquirieron tierras y exigen ahora indemnización y lideran las protestas. Muestran videos y audios que circulan por redes y portales que no dejan lugar a dudas.

—¿Esos “nuevos vecinos” exigen casa?

De hecho, sobrevolando la zona se percibe a simple vista la cantidad de techos nuevos y de viviendas que se han construido. Personas que no vivían ahí o que no tenían casa o que en algún momento vivieron pero se fueron o personas que llegaron a la zona quieren ser consideradas para que se les dé una vivienda. Eso es lo que desencadenó la violencia del 8 de enero.

—¿Cuál es el critero para obtener casa?

Si tú estás ahí y tienes una infraestructura, nosotros te pagamos tu infraestructura. Pero eso, en base a los estándares que nosotros seguimos, no necesariamente implica que obtendrás una casa nueva. Hay una fecha de corte.  Al que llegó después se le paga la compensación de los activos que tiene, pero no recibe una casa. Ese ha sido uno de los reclamos. Recibimos una solicitud de más de 100 personas que están reclamando una casa y no estaban en el censo a la fecha de corte.

—¿Qué reciben los que sí estaban en el censo original?

Cuando movemos a una persona, recibe su casa y además tiene dos opciones:  recibir una casa con un terreno de 300 metros y un terreno de subsistencia de una tarea y media o recibir una casa con un terreno de 600 metros. Pero aparte de eso, hay un proceso internacional para ver cómo apoyamos a esas personas para que mejoren su calidad de vida. Por ejemplo, si yo te trasladé y tienes un salón… entonces buscamos cómo un local para que mantengas tu salón.

La vida de la mina

— Se ha explicado que la nueva presa de cola es necesaria para la continuidad de la mina…

En términos de producción, el propósito de esta presa es poder asegurar una producción por encima de las 800.000 onzas por año. Por cada día de retraso, asumiendo el precio del consenso, como dijo el ministro Joel Santos, el Estado puede perder alrededor de un millón de dólares de impuestos diarios. Barrick Pueblo Viejo ha pagado 3.500 millones de dólares de impuestos al Estado Dominicano desde que iniciamos operaciones. Y al día de hoy, Barrick todavía tiene cerca de mil millones de dólares de la inversión que hizo para construir Pueblo Viejo que no ha recuperado.

—¿Producción para 2025?

En términos de producción, ahora mismo estamos un poco por debajo de las 700 mil onzas.

Asumiendo que podamos avanzar con la presa y la construcción, ya a partir de 2026, el estimado es por encima de las 800 mil onzas de oro al año.

—¿Hay mina para muchos años?

Nosotros seguimos haciendo exploraciones. Con el plan de mina que nosotros tenemos, miramos a 2046. Pero el plan de una mina va cambiando y eso obviamente está sujeto a que somos una empresa pública y que hay muchas variables que nosotros no controlamos.

— Otros proyectos están detenidos…

La minería ha demostrado ser un sector muy importante de la economía del país y paga muchos impuestos. El hecho de que haya proyectos varados, implica que no hay inversión nueva y la minería es de capital intensivo. En el caso de Pueblo Viejo se invirtieron 4.500 millones de dólares para construir la mina. Los proyectos que ahora mismo no tienen su permiso pudiesen estar construyéndose, generando una inversión extranjera muy significativa, generando empleo y generando un encadenamiento productivo de compras de bienes y servicios.

—¿Realmente se reparte?

¡Claro! Un ejemplo: en el último año, Barrick destinó 50 millones de dólares en bienes y servicios en la provincia Sánchez Ramírez.

Un año decisivo

—¿Cuáles son sus perspectivas para 2025?

Tenemos  que seguir avanzando con la presa de cola para poder mantener las contribuciones de impuestos a la República Dominicana y de hecho poder incrementar la producción y que se puedan también incrementar los impuestos que pagamos al país. Nuestro interés es poder avanzar con este proceso de reasentamiento, estamos siempre abiertos al diálogo. Pedimos el respeto de nuestro derecho como empresa y el respeto al derecho al libre tránsito en la vía pública.

—¿Este impasse tiene efectos colaterales?

Tiene un impacto nacional por lo mismo que hemos estado hablando, los empleos. Pueblo Viejo tiene 99% de su empleomanía dominicana, más de 3.000 colaboradores,  además de los contratistas. Las capacitaciones, todos los programas sociales… Lamentamos mucho esta situación. No es la manera como Pueblo Viejo trabaja, no es lo que nosotros quisiéramos. Nos hemos mantenido en continuo diálogo con la comunidad pero hay una parte que se siente amenazada por grupos que se han demostrado violentos. Eso no es justo.

— Cada discurso del 27 de Febrero tiene una alusión a la minería…

Bueno,  en un momento en el que el país tiene un déficit fiscal y se ha vislumbrado una reforma fiscal, una gran manera de poder contribuir con las arcas del Estado y reducir ese déficit es apoyando la minería. Obviamente la minería responsable, una minería bien hecha, una minería en cumplimiento con los estándares y con las normas ambientales. Pero la realidad es que hay una oportunidad que ahora mismo, por distintas razones, se está perdiendo, el país no está aprovechando.