En el marco de la operación Camaleón, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha solicitado la declaratoria de complejidad del caso debido a la amplia red de corrupción que, según alega, involucra a funcionarios y empresas.

Esta red, que tiene entre sus principales imputados a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se dedicaba a adjudicar contratos millonarios fraudulentos y a lavar activos, según los señalamientos.

La Pepca argumenta que la complejidad del caso radica en la sofisticación de los delitos, que incluyen sabotaje a la red semafórica, espionaje satelital y uso indebido de información confidencial. Además, se destaca la influencia política y empresarial de los imputados, lo que podría poner en riesgo la integridad del proceso judicial.

El documento presentado por la Pepca para solicitar prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción, detalla cómo los imputados supuestamente utilizaban su posición de poder para manipular contratos públicos y desviar fondos estatales hacia cuentas privadas.

Argumenta que esta red de corrupción no solo afectaba la economía del país, sino que también comprometía la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Uno de los aspectos más alarmantes del caso, según la Pepca, es el uso de tecnología avanzada para cometer los delitos. Los imputados habrían utilizado sistemas de espionaje satelital para obtener información confidencial y sabotear la red semafórica, causando caos en el tránsito y poniendo en peligro la vida de los ciudadanos.

La Pepca ha subrayado la necesidad de declarar el caso como complejo debido a la extensión y profundidad de la red de corrupción. La investigación ha revelado una intrincada red de relaciones entre funcionarios públicos y empresarios, lo que dificulta la recopilación de pruebas y el seguimiento de los fondos desviados.

La pena que augura si se va a juicio de fondo

«La gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, la cual llega hasta 20 años, hace necesario el presente caso sea declarado complejo con todas sus consecuencias legales», argumenta la Pepca.

La Procuraduría también ha enfatizado la importancia de este caso como un precedente en la lucha contra la corrupción en el país. Considera que la imposición de penas severas enviaría un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada y que los responsables serán llevados ante la justicia.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el martes 8 de octubre, a la 1:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Beras, el empresario José -Jochi- Gómez y otros cinco imputados.