Los comunitarios del sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este, aplaudieron la reciente decisión del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, que declaró nula la venta de terrenos en su sector, realizada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde). La sentencia, emitida el 14 de octubre, pone fin a años de incertidumbre sobre la propiedad de sus hogares.

Residentes en el lugar consultados por Diario Libre expresaron su satisfacción con la medida.

Yoel Asencio, de 32 años y quien ha vivido en el sector toda su vida, afirmó: “Me siento bien. Aquí hay personas mayores de 80 años y sacarlos de aquí sería una matación”.

Un compañero de trabajo de 25 años, también nacido en la comunidad, coincidió en que la decisión de los jueces brinda tranquilidad a quienes han crecido allí, porque es el lugar que los vio nacer y lo que conocen.

Lidia, una vecina que solía vivir en Los Tres Brazos, también mostró su alegría por el fallo, a pesar de haberse mudado, debido a problemas de inundaciones.

Mientras tanto, Jaime Rosario, de 39 años y al mismo tiempo como residente, propuso que la comunidad pague sus títulos al Estado, señalando que solo dos personas en la zona cuentan con ellos.

Rosario recordó que la situación se complicó cuando la compañía Titulatec, el Banco de Reservas y la Asociación La Nacional comenzaron a presionar a los residentes  para que regularizaran su situación. Sin embargo, aseguró que la comunidad ha estado dispuesta a pagar sus títulos de manera pacífica.

La sentencia, que declaró nulo el acuerdo de compraventa de 2010 y canceló el título de propiedad de Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.A., representa un hito en la lucha de los residentes por sus derechos. Los jueces instaron a que se restablezcan los derechos de propiedad de los habitantes de Los Tres Brazos.

Con la decisión del Tribunal, los comunitarios ven una luz de esperanza para poder regularizar sus títulos y garantizar un futuro estable en el lugar donde han vivido durante décadas.

 La comunidad espera que el Estado cumpla con el otorgamiento de los títulos, una demanda que ha persistido durante años y que ahora, tras la sentencia, parece más cercana a hacerse realidad.