Desde principios de octubre circulaban informaciones sobre las operaciones de la empresa Worldcoin Foundation en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, donde se establecieron varios puntos frecuentados por ciudadanos para la captura de su iris a cambio de criptomonedas. 

Esas operaciones fueron interrumpidas este jueves por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), ante las “cláusulas abusivas” que establecen en los contratos de adhesión a los ciudadanos que se han acercado a la misma con la finalidad de ofrecer sus datos biométricos. 

Worldcoin fue fundada en 2019 por Sam Altman, director ejecutivo de la compañía OpenAI, una de las grandes impulsoras de la inteligencia artificial. Este proyecto de criptomoneda biométrica con reconocimiento de iris tiene sede en San Francisco y Berlín.

El perfil de su página web señala que el proyecto construye “la red de identidad y financiera más grande del mundo como un servicio público, con el objetivo de crear acceso universal a la economía global sin importar el país o el origen. El objetivo es acelerar la transición a un futuro económico que acoja y beneficie a todas las personas en el planeta”. 

La captura 

Worldcoin emplea en sus operaciones una prueba digital que denomina “World ID”, que “demuestra de manera segura y anónima que eres un humano único”. 

Para fines de verificar que eres “un humano único” la empresa usa una aplicación y un dispositivo personalizado llamado “el Orb”, en donde se captura el iris de la persona. 

Medios internacionales detallan que, tras la captura, los ciudadanos pueden canjear el pago con otras “criptos”, sacarlo en un cajero especializado o conservar la moneda digital “de forma especulativa, con la esperanza de que suba”. 

Agregan que la empresa ha señalado que no sube o retiene los datos de los usuarios, salvo una foto e información que se remite al teléfono del usuario y que se guarda en “la World App”, una aplicación que funge “como un pasaporte” que se usa para la verificación.  

Una investigación de la periodista Nuria Piera señala que los usuarios obtenían alrededor de 6,000 pesos por el escaneo y que más de 7,000 personas acudieron a los centros para la captura. 

En una nota de prensa, Pro Consumidor indica que la suspensión de las actividades comerciales de esa empresa se mantendrá hasta tanto se procesen los levantamientos de operaciones e investigaciones que se le realiza a la misma a través de la documentación depositada en la institución con el fin de verificar la integridad de sus objetivos comerciales.

La entidad defensora de los derechos de los consumidores precisó que el director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, conjuntamente con el Departamento Jurídico procedieron a realizar en conjunto un análisis mediante el cual se verificó que los citados contratos de la referida empresa no se apegan a los preceptos legales establecidos en la ley 358-05 y las Resoluciones número 01-2009 y 008-2002. 

Estas normas regulan el proceso de análisis y registro de los contratos de adhesión en la República Dominicana, y que de igual forma transgreden la ley 172-13 sobre la protección de datos personales.